Esto como parte de la estrategia de austeridad del Gobierno Nacional.
En medio de la espera por saber si el país cumplirá o no la regla fiscal, finalmente comenzó el ajuste del gasto que en varias ocasiones, los analistas y centros de estudio económico sugirieron al Gobierno Nacional, para ser consecuentes con la realidad fiscal que hoy en día tiene la caja del Estado en su punto más bajo de los últimos 15 años.
Según lo que se ha conocido hasta el momento, las entidades del orden nacional trabajan en un plan con medidas como modificar la planta de personal, controlar las horas extras y el arrendamiento de inmuebles y evitar el gasto excesivo e innecesario de tiquetes para funcionarios (que preferiblemente irán en clase ejecutiva).
Así mismo, busca bajar rubros como el reconocimiento de viáticos, los costos de delegaciones oficiales, comisiones al exterior, eventos, esquemas de seguridad y uso de vehículos oficiales; para que únicamente se gaste lo necesario en estos frentes y evitar asignaciones que se pudiesen ahorrar.
En este decreto también se habla de reducir la publicidad estatal, los gastos en papelería, compra de equipos y planes celulares, souvenirs o recuerdos, suscripciones a periódicos, revistas o servicios de bases de datos, condecoraciones y contratación de estudios. Así mismo, las entidades deberán implementar medidas sostenibles que ayuden a ahorrar, el consumo de agua y energía.
Estas declaraciones coinciden con informaciones conocidas por Portafolio, según las cuales, el plan de austeridad del Gobierno Nacional incluiría un recorte del 30% en el personal contratado por prestación de servicios, una medida que afecta a las entidades financiadas por el Presupuesto General de la Nación.
Esta iniciativa comenzó a discutirse en octubre y noviembre, con instrucciones directas desde la Casa de Nariño a los jefes de las entidades gubernamentales. El objetivo es reducir los gastos de inversión, de donde provienen los recursos para estos contratos.
Además, se recomendó priorizar el ajuste en personas que tienen más de un contrato con el Estado, buscando minimizar el impacto en hogares cuya única fuente de ingresos proviene de su relación contractual con el gobierno. Sin embargo, se han presentado casos donde personas con un solo contrato no fueron renovadas para el 2025, lo que podría generar un impacto social significativo en ciertos sectores laborales.
Aunque el ahorro potencial de esta medida aún está en cálculo, se espera que la reducción de contratos permita compensar la pérdida de fuerza laboral con los funcionarios de planta. El análisis final incluirá la cantidad de contratos eliminados y los montos asociados, mientras las entidades gubernamentales trabajan en implementar este ajuste sin comprometer la operatividad de sus funciones.
Fuente: El Portafolio
